El
objetivo de este requerimiento es transparentar el trabajo que realiza cada una
de las instituciones.
Según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LOTAIP), las instituciones tanto públicas como privadas que manejan
recursos del Estado tienen la obligación de entregar la información requerida a
la Defensoría del Pueblo hasta el último día del mes de marzo.
Segundo Serrano, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, informó
que la información será receptada hasta el próximo jueves, que es el último día
laborable de este mes.
En esta ocasión se ha simplificado la documentación que las
instituciones deben presentar. Anteriormente se requería de un informe sobre el
presupuesto y los contratos, sin embargo, ahora deben llenar un formulario
consistente en tres páginas.
Algunas entidades no tienen la obligación de presentar este informe,
porque sus respectivos ministerios lo harán a nivel nacional, en la ciudad de
Quito.
En este sentido se ha reducido el número de instituciones, es así
que en la provincia se maneja un catastro de 39 entidades, de las cuales hasta
el momento han cumplido con este deber alrededor de 30.
Las sanciones para quienes no cumplan con esta obligación van desde
una multa consistente en la remuneración total, la suspensión por un mes del
cargo, hasta su destitución, con el agravante de que la persona que lo remplace
debe cumplir inmediatamente con la presentación de la información, de lo
contrario también será destituida. (JM)
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