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| Fernando Yávar en su visita a esta ciudad. |
El vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Fernando Yávar, visitó la ciudad de Azogues y realizó el lanzamiento del proyecto anticachinería en la provincia, cuyo objetivo es combatir la comercialización de objetos de dudosa procedencia a través de operativos coordinados.
El acto se cumplió el pasado lunes en el salón de la Gobernación con la presencia de autoridades, funcionarios del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.
En su intervención, Yávar manifestó que en los operativos que se realizaban a nivel nacional, de enero a mayo se tuvo la cifra de 25.000 objetos incautados, de los cuales se devolvieron 21.000 y no a los reales propietarios sino a los comerciantes.
“Eso no podía seguir así” dijo, al señalar que se aprovechó la transición en la cual los Comisarios perdieron competencia jurisdiccionales en aquellos cantones en los que se nombraron Jueces de Contravenciones.
Esa gran oportunidad nos permitió continuar en este tipo de operativos, ahora que está bajo la responsabilidad de los jueces de Contravenciones para darle un giro de 180 grados al fin que se le debía dar a esas mercaderías incautadas, sostuvo.
En este sentido, Yavar indicó que mediante directrices claras se estableció que ningún Juez de Contravenciones podía devolver los objetos incautados en los operativos de anticachinerías sin que se demuestre fehacientemente la propiedad.
En el pasado, facturas sin requisitos legales y declaraciones juramentadas ante notarios, eran más que suficiente para poder entregarles a los peticionarios muchos objetos, lo cual sin duda significaba una burla para el sistema de justicia y para la seguridad de los ciudadanos, expresó.
Precisó que al realizar un control de los objetos que eran incautados, las cifras cambiaron; es así que, de junio hasta la fecha en las provincias Azuay, Pichincha y Guayas se han incautado más de 85.000 objetos de los cuales se han devuelto solamente 140.
Para viabilizar este proyecto, Yavar dijo que se dio competencia a jueces de Contravenciones para que puedan actuar en los operativos anticachinerías. Así también, una vez que la capacidad de almacenamiento en las bodegas de la Policía Judicial era en exceso, se dio 90 días a los propietarios para que puedan reclamarlos.
Si en los 90 días no se hace el reclamo, el Consejo de la Judicatura puede imponer la destrucción, el reciclaje o la donación.
Además, debido a que no en todos los cantones y provincias existen jueces de Contravenciones, se resolvió darles competencias distritales a estas autoridades para que puedan laborar en las provincias aledañas.
En la provincia del Cañar se hizo la primera de las operaciones por parte de un juez de Contravenciones en base a sus competencias distritales; el juez del Azuay ejecutó un operativo en los cuales se incautaron más de 500 objetos en zonas relacionadas con repuestos de automóviles. (JM)
El acto se cumplió el pasado lunes en el salón de la Gobernación con la presencia de autoridades, funcionarios del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.
En su intervención, Yávar manifestó que en los operativos que se realizaban a nivel nacional, de enero a mayo se tuvo la cifra de 25.000 objetos incautados, de los cuales se devolvieron 21.000 y no a los reales propietarios sino a los comerciantes.
“Eso no podía seguir así” dijo, al señalar que se aprovechó la transición en la cual los Comisarios perdieron competencia jurisdiccionales en aquellos cantones en los que se nombraron Jueces de Contravenciones.
Esa gran oportunidad nos permitió continuar en este tipo de operativos, ahora que está bajo la responsabilidad de los jueces de Contravenciones para darle un giro de 180 grados al fin que se le debía dar a esas mercaderías incautadas, sostuvo.
En este sentido, Yavar indicó que mediante directrices claras se estableció que ningún Juez de Contravenciones podía devolver los objetos incautados en los operativos de anticachinerías sin que se demuestre fehacientemente la propiedad.
En el pasado, facturas sin requisitos legales y declaraciones juramentadas ante notarios, eran más que suficiente para poder entregarles a los peticionarios muchos objetos, lo cual sin duda significaba una burla para el sistema de justicia y para la seguridad de los ciudadanos, expresó.
Precisó que al realizar un control de los objetos que eran incautados, las cifras cambiaron; es así que, de junio hasta la fecha en las provincias Azuay, Pichincha y Guayas se han incautado más de 85.000 objetos de los cuales se han devuelto solamente 140.
Para viabilizar este proyecto, Yavar dijo que se dio competencia a jueces de Contravenciones para que puedan actuar en los operativos anticachinerías. Así también, una vez que la capacidad de almacenamiento en las bodegas de la Policía Judicial era en exceso, se dio 90 días a los propietarios para que puedan reclamarlos.
Si en los 90 días no se hace el reclamo, el Consejo de la Judicatura puede imponer la destrucción, el reciclaje o la donación.
Además, debido a que no en todos los cantones y provincias existen jueces de Contravenciones, se resolvió darles competencias distritales a estas autoridades para que puedan laborar en las provincias aledañas.
En la provincia del Cañar se hizo la primera de las operaciones por parte de un juez de Contravenciones en base a sus competencias distritales; el juez del Azuay ejecutó un operativo en los cuales se incautaron más de 500 objetos en zonas relacionadas con repuestos de automóviles. (JM)
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