
Melvin Alvarado, director provincial, explicó que la mayoría de los
procesos administrativos tienen relación con la deforestación y la roturación del
suelo con avance de la frontera agrícola.
Indicó que un 75 por ciento de los casos están concluidos con
sanciones a los autores, mientras que los demás están en marcha. Las sanciones
que se imponen son de carácter económico y depende del tipo de infracción y del
sitio donde se ha producido.
No obstante, la Ley Forestal establece una sanción que va de 1 a 10
salarios básicos unificados, y en otros casos permite imponer una multa que
equivalente al costo del valor de la restauración de los ecosistemas que han
sido afectados, que va desde los 2.000 a los 22.000 dólares por cada hectárea.
Por otro lado, Alvarado señaló que de acuerdo con el catastro minero
en la provincia, el 98 por ciento de las actividades mineras tienen relación
con los áridos, las cuales también fueron sometidas a un control.
En función de ello, se registraron cinco procesos administrativos
que están en marcha y son sancionatorios para los concesionarios mineros por
diferentes causas, entre ellas, por no aplicar la normativa ambiental y por no
haber iniciado el proceso de licenciamiento ambiental. (JM)
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