La
familia de Ana Belén Encalada, estudiante de último año del colegio Católico, que
falleció luego de ser arrollada en noviembre, por un bus de la cooperativa
Centinela, al ingreso del terminal terrestre interprovincial de Azogues, pide
que se haga justicia, una vez que la Corte Provincial dejó sin efecto la
revisión de las medidas cautelaras que ordenaban la prisión para el responsable
del accidente de tránsito y la retención del vehículo.
Según indicó el abogado defensor, Rommel
Sarmiento, ni la prisión se pudo llevar a efecto porque el responsable del
accidente de tránsito se escondió. Contó que en la audiencia, mediante
providencia de fecha 10 de enero, se consideró que no van a ser parte procesal
porque a decir de la Corte la acusación particular no fue calificada por el Juez
de Primera Instancia.
Sarmiento asegura que sí se presentó la
acusación particular y esta fue calificada por el juez. Además, manifestó que
esa decisión vulnera derechos constitucionales, como la posibilidad de que la
familia Encalada Pesántez pueda ejercer la defensa, por ello dijo que
presentará la solicitud de nulidad para que se reconsidere y deje sin efecto la
audiencia.
Lo que
quiere la familia Encalada es que se haga justicia y que esa persona que estaba
tras el volante, descuidado, hablando por teléfono, sin percatarse de que las
estudiantes pasaron el ingreso de la puerta de la terminal terrestre, fueron
arrolladas por su vehículo, se le aplique la prisión preventiva.
José Encala, padre de la fallecida, señaló que
ha tenido que pasar momentos muy duros. “La pérdida de nuestra hija de 17 años
ha significado un gran vacío en la familia”, dijo.
Recuerda que su Ana Belén estuvo hospitalizada
luego del accidente y que el chofer responsable nunca se hizo presente, ni
estuvo pendiente de la salud y menos se acercó a decir “estos gastos vamos
hacer”.
“Ella tuvo que someterse en 15 días a 9
intervenciones, una tras otra intentando salvarle la vida y ahí nunca hubo el
interés del chofer de asumir su responsabilidad” enfatizó Encalada, al agregar
que por el contrario la familia del conductor persigue al testigo fundamental
de este caso para que cambie su versión.
Con la decisión adoptada por la Corte se
regresaría a las medidas anteriores del derecho al trabajo y a la indemnización,
sin considerar el derecho a la vida de la estudiante, así como la prohibición
de enajenar el bien, y que el procesado asista cada semana ante el fiscal o
juez a estampar su firma. (JM)
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