Recién
desde ayer, viernes 4 de enero, arrancó la campaña electoral y se extenderá
hasta la antevíspera del 17 de febrero, fecha
en la que está prevista, según la convocatoria, la realización de las
elecciones. En las urnas elegiremos a Presidente y Vicepresidente de la
República, Parlamentarios Andinos, Asambleístas Nacionales, Asambleístas
Provinciales y Asambleístas por circunscripciones exteriores: 2 por Europa,
Oceanía y Asia, 2 por Canadá y Estados Unidos y 2 por Latinoamérica, Caribe y
África.
En
la presente elección se incrementa el número de asambleístas, puesto que en
total se elegirán 137, sin incluir los 5 Representantes al Parlamento, que ejercerán
su función fuera del territorio nacional y conforme lo previsto en el Acuerdo
de Cartagena o Tratado Subregional Andino. La novedad radica en el incremento
de Asambleísta Provinciales, con relación a la designación de hace 4 años.
Quizá lo numérico no es trascendente, cuanto sí la efectividad del accionar, la
creatividad legislativa, el interés por
representar adecuadamente al electorado y sobre todo satisfacer las metas que
el pueblo aspira de sus representantes.
La
campaña electoral inició oficialmente y el Consejo Nacional Electoral
financiará un gasto publicitario por más de 23 millones de dólares. De
aquellos, al Cañar le corresponde $ 115.475,20 siendo para cada una de las 9
agrupaciones políticas calificadas, el valor de 12.830,60 dólares. Además de lo asignado por el ente electoral,
los candidatos pueden realizar su inversión en campaña y en nuestra Provincia está
prohibido rebasar de 32.076,50 dólares, para lo cual existirá el control del
CNE y la publicidad en Radio, Prensa escrita, TV. y vallas publicitarias, se
financiarán con el fondo electoral, sin que los sujetos políticos puedan
realizar sus contrataciones personales.
Lo
mencionada antes nos parece una “maravilla”, pero se cumplirá realmente…?.
Nunca falta los infractores y los procesos para sancionar tanto a candidatos
como a organizaciones políticas, pero la verdad sea dicha, las sanciones llegan
inoportunas, o insuficientes o no responden a la
dimensión de la infracción electoral. Todavía quedan y no desaparecen los
rezagos de las viejas maneras de hacer política, donde la compra de conciencias
corrompe los procesos eleccionarios y desvirtúa el sentido democrático con el
que se debe actuar.
Más
que los Organismos de Control, los propios candidatos y las agrupaciones
políticas deben proceder con verdadero sentido patriótico y con auténtico
criterio democrático.
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